COBIJA/PERLA DEL ACRE
Pasó más de una semana desde que el alcalde de Cobija, Luis Gatty Ribeiro, dejó de ingresar a su despacho para cumplir con sus actividades. Una orden de aprehensión -por incumplimiento con el pago de bono frontera a trabajadores municipales- le obliga mantenerse en la clandestinidad.
La Secretaria de Desarrollo Humano del municipio, Leida Cuellar, expresó su preocupación por la difícil situación que atraviesa el ejecutivo municipal, a causa de un proceso judicial en su contra sobre una millonaria deuda de gestión pasada, situación que obstaculiza la recta final de su mandato.
“No puede salir porque lo podrían meter preso por algo injusto. Es una cantidad bastante elevada (2.900.000 bolivianos), difícil de conseguir de la noche a la mañana, nos vamos a reunir con los denunciantes para llegar a un acuerdo. Estamos trabajando más de una semana sin nuestro alcalde, eso a nosotros nos perjudica de gran manera”, mencionó Cuellar.
En el marco de un proceso judicial seguido por más de un centenar de trabajadores municipales, durante más de dos años, la semana pasada una autoridad judicial emitió la orden de aprehensión contra el alcalde de Cobija, Luis Gatty Ribeiro Roca, por incumplimiento con el pago de ‘bono frontera’ correspondiente de la gestión 2009.
El monto que el municipio debe cancelar a los denunciantes alcanza a un total de 2.900.000 bolivianos. El Sindicato de Trabajadores Municipales exige el pago en efectivo e inmediato. Un equipo técnico legal financiero de la institución intenta llegar a un acuerdo para hacer la cancelación a corto plazo, aspecto que es rechazado por la otra parte.
“Lamentablemente algunas personas juzgan sin conocer lo que está pasando. Siempre tenemos la voluntad de solucionar este tipo de dificultades, muchas veces hemos solucionado las deudas de gestiones pasadas, pero en esta ocasión el monto es elevado y buscaremos un acuerdo con los trabajadores que exigen el pago en efectivo”, explicó la autoridad.
El miércoles 3 de marzo, un equipo técnico se reunió con más de un centenar de afiliados del Sindicato Municipal, que tomaron de manera pacífica el edificio de la alcaldía, con el fin de encontrar una solución a la demanda interpuesta por el sector, pero no se llegó a ningún acuerdo.
“Esta situación interrumpe a la gestión del alcalde, porque estamos en la recta final, preparando la etapa de transición. Solo nos queda coordinar, mediante llamadas telefónicas, pero sería tenerlo en despacho para coordinar mejor. No entiendo por qué estas denuncias, parece que lo están boicoteando al señor alcalde…”, enfatizó la Secretaria de Desarrollo Humano.
A su turno, los Trabajadores Municipales coincidieron que el proceso judicial data de más de dos años y en varias ocasiones se realizaron compromisos que al final fueron incumplidos, se agotaron las instancias de conciliación, el alcalde y sus colaboradores no le dieron la importancia a las exigencias del sector, dilataron el proceso judicial y tras el fallo exigen que se cumpla con el pago en efectivo.