COBIJA/PERLA DEL ACRE

La presidenta Jeanine Áñez promulgó la Ley 1307 que reasigna, en favor de municipios, gobernaciones y universidades públicas, el 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para enfrentar la emergencia provocada por el coronavirus Covid-19.

   «Hoy, promulgamos la Ley que reasigna una parte de los recursos del IDH para Entidades Territoriales Autónomas y para universidades públicas, con el objetivo de resguardar la salud de los bolivianos y que esos recursos sirvan para la lucha contra el coronavirus, fortalecer la seguridad alimentaria y las actividades productivas para que el motor económico de nuestro país nos lleve adelante», escribió la Jefa de Estado en su cuenta de Twitter (@JeanineAnez).
    La norma, sancionada el 18 de junio por el Legislativo, autoriza de forma «temporal» el traspaso de hasta $us 200 millones en favor de estas entidades en un plazo de 15 días. Estos recursos serán reasignados hasta el 31 de diciembre de 2020.
    El 12% del IDH, según el Artículo 12 de la Ley 767 -cuya aplicación ahora quedó en suspenso-, debía ser retenido por el Ejecutivo para impulsar la búsqueda de reservas a través del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH).
    Ahora, con la Ley 1307 de Suspensión Temporal y Reasignación de Recursos del FPIEEH, los municipios, gobernaciones y universidades públicas contarán con recursos adicionales para enfrentar la pandemia del Covid-19.
    Este dinero será distribuido a través de una fórmula que favorece a las regiones con mayores indicadores de riesgo de contagio de coronavirus. Además, deberán «desarrollar acciones para garantizar la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de actividades productivas».
    En el caso de las universidades públicas, éstas «deberán contribuir directamente con las actividades de prevención, atención y contención del coronavirus con equipamiento de hospitales universitarios, laboratorios y compra de insumos necesarios».
    El 12% del IDH había sido retenido desde 2015 (Ley 767) por el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). Ahora, según el Artículo 3 de la nueva Ley, será reasignado de la siguiente manera. 78% para municipios; 15% para gobernaciones y el 7% para las universidades públicas.
    La norma promulgada, el lunes 29 de junio, por la Jefa de Estado instruye a municipios y gobernaciones emplear el 50% de esos recursos para la prevención, atención y contención del coronavirus, equipamiento de hospitales y la compra de pruebas rápidas.
    Según el Artículo 4, el 25% de los recursos que recibirán las regiones por efecto de esta reasignación deberán ser destinados a la provisión de alimentos para la población y programas de seguridad alimentaria.
    El restante 25% de este fondo temporal deberá servir para el fortalecimiento de la producción local afectada por la cuarentena y por la paralización de actividades para disminuir la expansión de la pandemia.