COBIJA/AGENCIAS-PERLA DEL ACRE
La Defensoría del Pueblo rechazó este jueves el paro médico que organiza el Consejo Nacional de Salud (Conasa) ante la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria, norma que determina medidas respecto a la lucha contra el Covid-19.
“La Defensoría del Pueblo lamenta la decisión del Consejo Nacional de Salud (Conasa) de decretar el inicio de un paro médico nacional en protesta por la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria; y pide a este ente sustentar las medidas de presión anunciadas y que las protestas que protagonizan estén enmarcadas en la Sentencia Constitucional 0326/2019 –S2”, se lee en parte de un pronunciamiento de la institución defensora de derechos humanos.
El presidente Luis Arce promulgó el miércoles la ley que plantea cinco ejes para atender la segunda ola de la pandemia. Por ejemplo, establece la conformación de un consejo nacional estratégico para emergencias sanitarias, políticas de inmunización, control de medicamentos, registros y servicios de salud, contrataciones y despachos aduaneros, además de un régimen sancionatorio.
La semana anterior, el Consejo Nacional de Salud advirtió con asumir el paro de actividades y protestas en las calles, pese a la pandemia, si es que se ponía en vigencia la norma que prohíbe la suspensión de actividades del servicio de salud, entre otros temas.
“Si bien se reconoce el derecho a la protesta del sector salud como grupo vulnerable frente a la Covid-19, sus demandas deben ser razonables y se deben agotar todas las vías de diálogo. Es importante resaltar que el derecho a la protesta puede ser limitado cuando se trata de proteger un bien jurídico mayor como es la salud de la población, y las amenazas de un paro indefinido se constituyen en un riesgo a la salud de las y los bolivianos”, indicó la Defensoría del Pueblo.
La norma fue promulgada en el marco del acta de entendimiento entre el Colegio Médico de Bolivia y el Ministerio de Salud sobre su contenido. En referencia a este punto, la Defensoría dio a conocer que cuenta con información oficial sobre dicho acuerdo, “no encontrándose un punto de debate que justifique las medidas anunciadas por el sector de salud”.
“La Defensoría del Pueblo exhorta al nivel central del Estado a convocar al diálogo para resguardar el derecho a la salud de la población recordándole que la garantía de continuidad de los servicios de salud está bajo su responsabilidad y de acuerdo a la Sentencia Constitucional 0326/2019 –S2”, acota el pronunciamiento.
Asimismo, exigió al Estado asegurar los recursos destinados a garantizar medidas de bioseguridad para el personal médico e instó a los gobiernos autónomos departamentales y municipales, para que, en el marco de sus competencias, continúen y amplifiquen la atención de estas demandas.