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Defensoría del Pueblo socializa propuestas normativas contra el acoso y violencia política hacia las mujeres

COBIJA/PERLA DEL ACRE

La Defensoría del Pueblo inició en Cobija la socialización de una propuesta de paquete normativo con el objetivo de coadyuvar a los gobiernos municipales y departamentales a que incluyan en su reglamentación interna procedimientos administrativos para la denuncia y sanción de faltas de acoso y violencia política hacia las mujeres. 

     El paquete, que incluye propuestas para adaptar cuatro reglamentos internos de esas instituciones: Reglamento General de Funcionamiento de órganos deliberativos; Reglamento de Comisión de Ética (para órganos deliberativos municipales y departamentales); Reglamento Interno de Personal (para órganos deliberativos y ejecutivos municipales y departamentales) y Régimen Disciplinario (para órganos deliberativos y ejecutivos municipales y departamentales).

     La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, remarcó la importancia de ajustar esos reglamentos cuando están en puertas las elecciones subnacionales y porque es necesario que el Estado garantice la participación de las mujeres y que éstas no sean víctimas de acoso y violencia política. 

     “Es necesario y urgente que las mujeres que decidan hacer vida pública, vida política, cuenten con las condiciones necesarias para ello, que el Estado sepa que tiene la obligación de protegernos, la obligación de que los caminos que andamos sean justos y legales no les estamos rogando nada, no le estamos pidiendo un favor, les estamos exigiendo que nuestros derechos se cumplan al igual de nuestros compañeros varones”, manifestó.

     En ese marco la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, arribó a la ciudad de Cobija, para realizar de manera expresa, la entrega de este paquete normativo, en la que también estuvieron presentes representantes de la Asociación de Concejalas de Pando, que tiene el propósito de sancionar a quienes ejerzan actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas contra una mujer electa o en el ejercicio de la función pública y en caso de violencia política, la sanción para quienes comentan agresiones físicas, psicológicas o sexuales contra una representante pública.

     Anunció que la Defensoría del Pueblo, como lo hizo con las elecciones generales, monitoreará las subnacionales para exigir a los partidos políticos medidas serias y efectivas, y que las autoridades que vayan a asumir decisiones tomen en serio que “las mujeres queremos que dejen de matarnos, de acosarnos y de violentarnos”.

     La presentación del paquete normativo para la prevención de acoso y violencia política, fue entregado en un acto oficial al que asistieron representantes de la Gobernación de Pando, Gobierno Municipal de Cobija, Policía Boliviana, Tribunal Electoral Departamental, Tribunal de Justicia, Fiscalía Departamental, Asociación de Concejalas, Asociación de Municipales de Pando y otras organizaciones sociales.

Datos

     Una investigación defensorial, que abarcó a casi un centenar de gobiernos autónomos municipales y los nueve gobiernos autónomos departamentales, sólo un 19% de los 91 concejos autónomos municipales intervenidos tenía normativa interna adecuada a la Ley 243; un 24% tenía en funcionamiento su Comisión de Ética; únicamente el 14% presentaba un sistema de videograbación de sus sesiones; y sólo un 24% tendría normativa interna conforme lo establecido en la norma.

     El Tribunal Supremo Electoral (TSE), entre 2015 y 2019, registró 262 casos relacionados a acoso y violencia política (AVP), 124 sobre denuncias de AVP y 138 renuncias, 35 de las cuales serían por AVP y 103 por temas personales. La Paz es el departamento donde existe la mayor cantidad de denuncias (43%), le sigue Cochabamba (17%) y Oruro (12%). 

     La propuesta de Paquete Normativo será socializada en todo el territorio nacional a partir de las nueve delegaciones defensoriales departamentales y nueve oficinas regionales en coordinación con organizaciones municipales para lograr la mayor incidencia posible.