COBIJA/PERLA DEL ACRE
Un funcionario público del municipio de Cobija en estado de ebriedad chocó un vehículo oficial contra un poste de alumbrado público. El caso fue remitido a la Fiscalía y un juez de la capital ordenó la detención preventiva en la cárcel de Villa Busch.
El Fiscal Departamental de Pando, Juan Carlos Cuellar, confirmó que la Autoridad Jurisdiccional, determinó detención preventiva en la cárcel para Reymi E.F., por la presunta comisión del delito de Conducción Peligrosa de Vehículo y Destrucción de Bienes Públicos del Estado.
“Durante el desarrollo de la audiencia cautelar el Ministerio Público demostró la existencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización, por tal razón el juez de Instrucción Penal Tercero, determinó la detención preventiva”, dijo Cuellar.
Según el cuaderno procesal, la Fiscalía tomó conocimiento sobre un accidente de tránsito protagonizado por Reymi E.F. y procedió a realizar las investigaciones correspondientes donde se evidenció la existencia de elementos suficientes para ejecutar una imputación formal y solicitar a la autoridad competente su detención preventiva.
De acuerdo a la relación de los hechos, la noche del viernes 6 de diciembre, por inmediaciones de la Av. 27 de mayo, de la capital pandina, el funcionario público conducía una camioneta de propiedad del Gobierno Municipal de Cobija que impactó contra un poste de luz, causando severos daños al motorizado.
Ante este siniestro se procede a la aprehensión del sindicado para realizar una prueba de alcohol dando un resultado de 1,50% de aliento influencia alcohólica.
La Fiscalía también podría ampliar las investigaciones por presuntos delitos de uso indebido de bienes del Estado e incumplimiento de deberes. “Cuando se tiene indicios de un hecho que se encuentre tipificado como delito, la norma nos permite iniciar proceso penal de oficio”, enfatizó el fiscal departamental.
La Ley 04 Marcelo Quiroga Santa Cruz señala: La servidora pública o el servidor público que en beneficio propio o de terceros otorgue un fin distinto al cual se hallaren destinados bienes, derechos y acciones pertenecientes al Estado o a sus instituciones, a las cuales tenga acceso en el ejercicio de la función pública, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años. (…)Si quiere saber más sobre este u otros temas, suscríbase o adquiera en los puntos de venta el Periódico Perla del Acre.