LA PAZ/AGENCIAS-PERLA DEL ACRE
La Fiscalía General del Estado emitió una orden de aprehensión para la expresidenta Jeanine Áñez, además de cinco de sus exministros y exintegrantes del Alto Mando Militar, en el marco de las investigaciones por el presunto ‘golpe de Estado’, de la gestión 2019.
Este viernes, la Fiscalía ordenó la aprehensión de la expresidenta Áñez, además de los exministros Arturo Murillo (Gobierno), Yerko Núñez (Presidencia), Álvaro Coímbra (Justicia), Luis Fernando López (Defensa) y Rodrigo Guzmán (Energías).
En el caso del alto mando militar figuran Palmiro Jarjuri, excomandante de la Armada; Jorge Gonzalo Terceros excomandante de la Fuerza Aérea; el general Gonzalo Mendieta excomandante del Ejército, además del general Jorge Gonzalo Terceros de la Fuerza Aérea Boliviana.
Los otros miembros del Alto Mando de la gestión 2019, Williams Kaliman y Flavio Arce, ya tienen orden de aprehensión en su contra y el segundo fue aprehendido, mientras que también se busca al excomandante de la Policía, Yuri Calderón.
El documento, firmado por los fiscales Omar Mejillones y Lupe Zabala, sindica a las exautoridades por la probable comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.
A finales de la gestión 2019, en medio de protestas sociales por un presunto fraude electoral, la policía decidió amotinarse exigiendo la renuncia del expresidente Evo Morales. Además, las Fuerzas Armadas ‘sugirieron’ al exmandatario ‘renunciar’ ante las crecientes protestas sociales.
El exministro de Justicia, Álvaro Coímbra, en entrevista con la Red ERBOL, señaló que se trata de un abuso del MAS, el cual –según señaló- busca hacer una “cortina de humo” para tapar el mal manejo de la pandemia y la derrota en las elecciones subnacionales.
A través de su cuenta en Twitter la expresidenta Jeanine Áñez escribió; “La persecución política ha comenzado. El MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones”.
Los hechos son calificados por el actual Gobierno y asambleístas del MAS como un “golpe de Estado”, por lo que se iniciaron procesos penales contra los presuntos responsables del hecho, entre jefes policiales, militares y hasta actores políticos, como Luis Fernando Camacho.