COBIJA/PERLA DEL ACRE

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó este jueves que el Gobierno decidió retirar de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, que provocó el rechazo de varios sectores del país.

     En conferencia de prensa desde la Casa Grande del Pueblo, la autoridad acusó a la oposición de utilizar el proyecto de ley como una excusa para instalar la desinformación y sembrar temor entre los sectores populares.

     “Como Órgano Ejecutivo, escuchando al pueblo boliviano, sus preocupaciones, temores hemos decidido retirar este proyecto del Ley (…) para no dar lugar en lo absoluto a la confrontación entre bolivianos, a la desestabilización, a la violencia, confrontación”, dijo Prada.

     Asimismo, reconoció “que hubo fallas en la socialización de este proyecto de ley (…) y lamentablemente frente a esa ausencia de información, se ha instalado en sectores de la población un temor absolutamente infundado, sembrado y promovido por grupos políticos con intereses que buscan la impunidad”.

     “Estos grupos buscan en el fondo la impunidad y como no pueden instalar (ese interés), porque el pueblo ha dado el mandato de memoria, verdad y justicia, que cumpliremos como Gobierno nacional, han utilizado esta ley como excusa para desinformar, sembrar temor entre los sectores populares del pueblo boliviano”, advirtió.

     Recordó que el proyecto de ley cumple las directrices establecidas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de armas de destrucción masiva.

     El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a través de su organismo para América Latina (Gafilat), evaluará a Bolivia en noviembre de este año para verificar el cumplimiento de las recomendaciones establecidas por el organismo en materia de sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

     El proyecto de ley fue aprobado el 17 de septiembre en la Cámara de Diputados y pasó al Senado para su tratamiento, donde luego fue paralizado porque empezaron a surgir una serie de cuestionamientos y amenazas de medidas de presión.

     De hecho, el pasado lunes se realizó en el país un paro cívico en contra de la iniciativa y para la próxima semana varios sectores sociales estaban alistando también una serie de medidas de presión.