COBIJA/PERLA DEL ACRE
La Sala Constitucional del Tribunal de Justicia de Pando ordena el retiro inmediato de más de un centenar personas que tomaron de forma ilegal predios en el barrio Roberto Rojas perteneciente a la Alcaldía y Gobernación. En caso que se resistan al desalojo se empleará la fuerza pública.
En Audiencia de Amparo Constitucional, desarrollado el jueves 26 de agosto, tras valorar los documentos en derecho presentando por el Gobierno Municipal de Cobija, la autoridad jurisdiccional determinó dar tutela al demandante, por lo que las personas que avasallaron los terrenos del Estado están obligadas a retirarse de manera pacífica.
La orden judicial se ejecutará en las siguientes horas, es de cumplimiento obligatorio. También se ha dispuesto para este efecto la ayuda de la fuerza pública en caso de ser necesario.
El vocal de la Sala Constitucional, Humberto Betancourt, confirmó la Resolución del Amparo respecto a los predios avasallados en inmediaciones del barrio Roberto Rojas perteneciente a la Alcaldía y Gobernación.
“Hemos ido al lugar de los hechos, se ha realizado la inspección ocular y hemos corroborado, se ha demostrado que los hechos denunciados por la alcaldía municipal es evidente, entonces después de haber deliberado y fundamentado se ha dispuesto conceder la tutela y las personas que están ocupando el lugar puedan retirarse inmediatamente del lugar de los hechos”, explicó la autoridad judicial.
Invasión
Desde el pasado 15 de agosto, con el argumento que no tienen un lugar para vivir, más de un centenar de personas tomaron de forma ilegal más de 10 hectáreas de terreno perteneciente a la Gobernación de Pando, en inmediaciones del barrio Roberto Rojas, en el municipio de Cobija. Los predios están destinados para la construcción de viviendas para trabajadores de la prensa y personas con discapacidad, además se prevé una serie de proyectos en las áreas verdes.
Pese a que esta acción es ilegal, altos funcionarios de la Alcaldía, Gobernación, Defensoría de la Niñez, Policía y otras instituciones, por separado, acudieron al lugar de los hechos para persuadir a los avasalladores e intentar sin éxito el retiro voluntario.
“Acá nosotros somos personas vulnerables, estamos cansados de vivir en cuarto alquilado, y de pagar cada mes, y con esta pandemia no tenemos para pagar. Hemos tomado esta zona porque necesitamos un lugar para vivir. Somos más de 150 personas”, indicó una de las personas asentada de forma ilegal.
Sanción
La Ley 477 de Avasallamiento y Trafico de Tierras en su Artículo 351 (bis) señala: “El que por sí o por terceros, mediante violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o cualquier otro medio, invadiere u ocupare de hecho, total o parcialmente, tierras o inmuebles individuales, colectivos, bienes de dominio público, bienes de patrimonio del Estado o de las entidades públicas o tierras fiscales, perturbando el ejercicio de la posesión o del derecho propietario, será sancionado con privación de libertad tres (3) a ocho (8) años.