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Mujeres, cívicos y Defensoría califican de ilegal la suspensión a Gobernadora de Pando

COBIJA/PERLA DEL ACRE

La decisión de la Asamblea Departamental de Pando de suspender a la gobernadora Paola Terrazas, por estar en tratamiento de Covid-19 en Brasil, ha generado críticas y protestas de diferentes instituciones que incluyen a las mujeres profesionales, el Comité Cívico y la Defensoría del Pueblo.

     La Gobernadora fue suspendida por 60 días a pesar de que fue trasladada a Brasil tras complicarse su salud debido al Covid-19. El argumento de la Asamblea pandina para alejarla del cargo es que no solicitó permiso para salir del país. 

     Con la decisión, ya se le impediría ejercer el cargo, puesto que las elecciones subnacionales serán en marzo.

     La representante de las profesionales de Pando, Milena Balcázar, manifestó que las mujeres están indignadas y se sienten agredidas por la actitud de acoso político de los asambleístas de suspender a Terrazas, reportó ante los medios de comunicación.

     Balcázar consideró que la decisión de la Asamblea es arbitraria e inconstitucional, por lo cual anunció que se pedirá informe para que los legisladores expliquen en base a qué normas actuaron.

     El presidente del Comité Cívico, Jhoiner Calpiñeiro, también rechazó la suspensión de la Gobernadora y aseguró que la entidad está en pie de lucha y dispuesta a salir a las calles de ser necesario.

     La Defensoría del Pueblo, por su parte, emitió un comunicado en que repudia la decisión de la Asamblea Legislativa de Pando. Señaló que la determinación desconoce que existe una baja médica vigente hasta el 9 de febrero de la presente gestión.

     Observa, asimismo, que esa instancia legislativa estaría incurriendo en actos irregulares porque la resolución de suspensión que debería sustentar y fundamentar el motivo de dicha decisión no está disponible para nadie, ni siquiera para la propia afectada, y que, extrañamente, desde el jueves 4 de febrero, las oficinas legislativas fueron cerradas para el público.

     La Defensoría consideró inhumano, ilegal y arbitrario el acto de la Asamblea Legislativa Departamental de Pando, al suspender a una autoridad, mujer, con enfermedad de base y Covid-19 a efecto de rotar el puesto de Gobernador a otro Asambleísta.

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