SUCRE/PERLA DEL ACRE

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, luego de conocer el informe brindado por el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), señaló que todas las autoridades judiciales que actuaron como “cómplices” en la vulneración de los derechos humanos serán procesadas.

     “Por lo tanto, operadores que se apartaron de la CPE (Constitución Política del Estado) y la norma, o actuaron a partir de presiones políticas y otros intereses, deben rendir también cuentas ante la ley”, expresó la máxima autoridad del TSJ.

     Recomendó a la sociedad en su conjunto no manchar el informe; asimismo, indicó que el Órgano Judicial acogerá todas las recomendaciones vertidas en el informe y trabajará con los órganos del Estado para transformar la justicia, señala un comunicado institucional.

     Echalar destacó que el informe presentado por el GIEI- Bolivia, es integral, que no debe ser contaminado con visiones políticas.

     “Es un informe integral, que valdría la pena no contaminarlo con visiones políticas, podría servir al país en su conjunto para llegar a esclarecer varios hechos delictuosos e irregulares cometidos en ese período; si empezamos a parcelar este informe, obviamente, vamos a tergiversar y deformarlo”, señaló Echalar.

     Agregó que “nadie está por encima de la ley y la Constitución Política del Estado, por lo tanto operadores que se apartaron de la Constitución y la Norma y actuaron a partir de presiones políticas o a partir de otros intereses deben de rendir cuentas también ante la ley”.

Informe GIEI

     El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) entregó el martes 17 de agosto su informe al presidente Luis Arce y concluyó que hubo masacres en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) en noviembre de 2019, además de una violencia racista que requiere sanción.

     El GIEI también observó una falta de independencia judicial y el uso de la persecución penal con finalidades políticas.

     “El GIEI no duda, sin embargo, en calificar a los hechos de Sacaba y Senkata como masacres. Es esencial que quienes resultaron víctimas obtengan justicia reparación por los daños que le fueron provocados y atención inmediata”, dijo Patricia Tappatá, experta encargada de presentar las conclusiones.

     El presidente Luis Arce, tras recibir el documento del GIEI-Bolivia, pidió a la Asamblea Legislativa aprobar lo más antes posible el juicio de responsabilidades contra los responsables y anunció la desestructuración de grupos irregulares o “parapoliciales”.