SUCRE/AGENCIAS

El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, suscribió un Convenio de Coordinación y Cooperación Interinstitucional con el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, con el objetivo de garantizar mecanismos adecuados de seguimiento y control de personas privadas de libertad con condena y detención preventiva.

     “Este importante Convenio Interinstitucional nos permitirá, en lo principal, promover la cooperación recíproca para el intercambio de información a través de la interoperabilidad entre en Ministerio Público y el Órgano Judicial, que permitirán la implementación de mecanismos de intercambio de información para acceder, en tiempo real, a toda resolución judicial que modifique las condiciones del cumplimiento de condenas y de las personas privadas de libertad que se hallen bajo jurisdicción de la autoridad de ejecución penal”, sostuvo Lanchipa.

     El objetivo del Convenio es generar mecanismos adecuados de seguimiento y control a todos los procesos penales que estén en trámite, así como los que estén en ejecución de la sentencia, con prioridad, los referidos a los tipos penales de Feminicidio, Asesinato, Infanticidio, Violación, Violación de Niño, Niña y Adolescente y otros.

     “Agradezco la voluntad de Sala Plena del TSJ que posibilitó la suscripción del presente Convenio en cuyo marco se asegura la materialización de estas medidas que son una respuesta concreta e inmediata a la sociedad boliviana a efecto de que ninguna persona condenada por la comisión de delitos se encuentre en las calles, incluso reincidiendo. Como Ministerio Público, mediante la interoperabilidad con el Órgano Judicial, realizaremos un control minucioso para el cumplimiento de las sentencias condenatorias”, dijo la autoridad.

     Por su parte el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, agregó que “a través de los instructivos que emanará la Sala Plena, los jueces de ejecución penal estarán obligados a remitir toda la información al Ministerio Público en cuanto a las modificaciones de la situación jurídica que tienen los sentenciados ejecutoriados o cuando sean trasladados a otros recintos penitenciarios, actuaciones que, en muchos casos, no fueron puestos a conocimiento de esta instancia, provocando que, de manera unilateral, algunos jueces hayan asumido determinaciones que llegaron a afectar a la sociedad en su conjunto. Agradecemos al Ministerio Público por la iniciativa que fue tomada de muy buena manera en Sala Plena”, dijo.

     El Convenio también establece la priorización de casos en etapa de juicio, así como de aquellos que se encuentren en etapa de recursos por hechos de Feminicidio y Violación con la finalidad de dar celeridad a estos procesos.