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Senado aprueba uso del dióxido de cloro para tratar Covid-19

COBIJA/PERLA DEL ACRE

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que autoriza el uso del dióxido de cloro, de forma excepcional, para la prevención y el tratamiento de pacientes con coronavirus.

     La Asamblea Legislativa que tiene mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) defendió en la sesión del Senado -en que fue aprobada la norma el 5 de agosto- que el uso de este químico ‘no es obligatorio’, sino un ‘medio alternativo’ de forma preventiva o curativa ante la enfermedad.

     La elaboración del producto corresponderá a laboratorios autorizados y su envase debe informar de la dosis y las precauciones con que debe tomarse, para su comercialización en farmacias y clínicas autorizadas, pero sin necesidad de receta médica, de acuerdo a esta norma.

     Según una nota institucional del Senado, en el debate, el primer vicepresidente del Senado, Milton Barón, aclaró que el uso del dióxido de cloro “está sujeto a la decisión personal de cualquier ciudadano o ciudadana que quiera acudir a esta posibilidad alternativa, acá no es obligatorio, es más ni siquiera el médico lo puede aplicar si el paciente no lo consciente”.

     El Artículo 7 de la Ley señala que “las y los ciudadanos, estantes y habitantes del territorio boliviano, podrán utilizar la Solución de Dióxido de Cloro, como medio alternativo, para prevenir o tratar la infección y las consecuencias provocadas por el coronavirus”.

     La comercialización del “producto alternativo” estará a cargo de laboratorios, universidades, gobierno nacional, gobiernos subnacionales, farmacias y clínicas legalmente establecidas. La norma establece que la población podrá adquirir el producto en las farmacias y sin la necesidad de receta médica.

     La aprobación del proyecto de ley contradice a las advertencias del Ejecutivo para que no se use dióxido de cloro como remedio del Covid-19, por los riesgos que presenta para la salud, advertidos por organismos sanitarios internacionales y de varios países en distintos continentes, por efectos nocivos como la destrucción de tejidos en los sistemas respiratorios, gastrointestinal, hepático, renal y otros.

     La ley fue remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación. El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, adelantó que el Gobierno analizará la legalidad y verá si fue aprobada en base a estudios técnicos-científicos.

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