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Tribunales Electorales de Pando y Beni realizan taller sobre ‘Prevención del Traslado Ilegal de Personas en Elecciones’

COBIJA/PERLA DEL ACRE

Vocales de los Tribunales Electorales Departamentales de Pando y Beni en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) llevaron adelante talleres de ‘Prevención del Traslado Ilegal de Personas en Elecciones’, en la localidad Las Piedras del municipio Gonzalo Moreno y en la ciudad de Riberalta.

     La actividad fue realizada por la Sala Plena del TED-Pando en coordinación con el TED-Beni y el PNUD, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. También participaron representantes del Comando Policial de Gonzalo Moreno y Las Piedras, Ministerio Público y representantes de diferentes comunidades.

     Los presentes solicitaron a las autoridades de ambos Tribunales Electorales aplicar la normativa vigente para su estricto cumplimiento y evitar el posible traslado ilegal de personas, en el área rural, debido a que esta acción se constituye en Delito Electoral.

     En pasados comicios existieron una serie de denuncias por el registro irregular y traslado fraudulento de personas hacia poblaciones del municipio de Gonzalo Moreno (Pando) que colinda con Riberalta (Beni), a escasos 15 minutos de viaje.

     La directora del Servicio de Registro Cívico (Serecí) de Pando, Lilian Núñez, informó que se coordina acciones con la Policía y el Ministerio Público para evitar el traslado fraudulento de personas con fines electorales.

     “Quiero hacer énfasis que nosotros los ciudadanos de a pie estamos en la obligación de denunciar en caso de que veamos que estén pretendiendo realizar hechos ilícitos. Pido a las autoridades departamentales y ciudadanía en general a denunciar cualquier tipo de irregularidad durante los días de empadronamiento”, enfatizó Núñez.

     A su turno, el presidente del TED Pando, José Antonio Oliveira, recordó que la Ley del Régimen Electoral establece penas de dos a cinco años de cárcel contra quienes cometen ese delito.

     La Ley de Régimen Electoral establece que “…la autoridad política o administrativa, dirigente de organizaciones políticas o cualquier persona que promueva, incite o ejecute el traslado masivo de personas con la finalidad de su inscripción y/o sufragio en lugar distinto al de su domicilio, será sancionada con pena privativa de libertad de dos (2) a cinco (5) años”.

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